Deuda externa, historia de la dependencia argentina[i]

Por Antonio Tello[ii]

La crítica situación económica que vive Argentina a mediados de la tercera década del siglo XXI y la flagrante dependencia del país de las grandes potencias y corporaciones transnacionales proyectan un paisaje desolador de su futuro. Una de las principales causas de esta dependencia, que convierte al país en una suerte de colonia de las grandes potencias, es su histórica deuda externa.

Las primeras estrofas del Himno nacional argentino dicen: Oíd mortales el grito sagrado / ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! / Oíd el ruido de rotas cadenas / Ved en trono a la noble igualdad. Sin embargo, la historia dice que la única libertad que se impuso en el país es la del librecambio mercantil al tiempo que los ciudadanos y las instituciones del estado seguieron sujetos a las cadenas del poder económico.

Si bien en 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon formalmente su independencia de España, ya eran por entonces colonia económica de Inglaterra. Tras el fracaso militar inglés de hacerse con el territorio en 1806 y en 1807, George Canning[iii] escribió a Lord Granville: “Los hechos están ejecutados, la cuña está impelida. Hispanoamérica es libre y si nosotros sentamos rectamente nuestros negocios ella será inglesa”, y en otra carta posterior al Duque de Wellington: “Por supuesto que la ayuda prestada a través del dinero y de influencias políticas no tenía el propósito de ayudar a los procesos independentistas, sino por el contrario manejar toda la economía, monopolizando la totalidad del comercio. Se cambió la violencia de las expediciones militares buscando otras formas de dominación, y a través del sistema de librecambio, empezaron los grandes desequilibrios, de los que nunca pudimos salir”.

Como clara y desvergonzadamente lo expone Canning, el dinero fue el arma principal de dominación. En 1818, poco después de la declaración de independencia en Tucumán, el Gobierno porteño inició negociaciones para obtener un importante empréstito de la banca Baring Brothers, que se concretó en 1824 y que, en representación de Buenos Aires, firmó Bernardino Rivadavia como ministro de Hacienda del gobernador Martín Rodríguez.

Del millón de libras convenido, el gobierno porteño sólo recibió 570 mil, parte en oro y parte en letras de cambio, pues la banca descontó intereses, comisiones y dos cuotas del crédito por adelantado. Así fue el inicio de una deuda que, dos siglos después, ha seguido creciendo ahondando el sometimiento del país a los intereses económicos de las grandes potencias y corporaciones multinacionales en beneficio de grupos privados extranjeros y nativos. Como afirmó Alejandro Olmos Gaona en un seminario sobre deuda externa en la Universidad de la Plata, “las necesidades de financiamiento que muchas veces se pretextaban no eran tales, en realidad lo que se pretendía era hacer negocios que dejaran suculentas ganancias, y nuestros gobiernos se involucraban en tales maniobras, con perfecto conocimiento de lo que hacían, además que los participantes de la operación, o eran socios, o resultaban espléndidamente retribuidos por su colaboración. Y así como la mayor parte de los documentos que tienen que ver con el empréstito Baring desaparecieron de los archivos, la documentación de las siguientes operaciones financieras no tuvo mejor suerte”.

Esta es la clave por la que Argentina, teniendo los recursos naturales y un capital humano altamente preparado, no ha sido nunca una potencia y no ha podido desarrollarse de acuerdo con sus posibilidades reales. El primer gobierno que intentó reducir la deuda y destinar los nuevos préstamos a la creación de riqueza, ya en la tercera década del siglo XX, fue el de Hipólito Yrigoyen, el cual promovió la explotación nacional del petróleo, para cuyo fin encargó al general Enrique Mosconi la fundación de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la creación de una flota mercante -que hoy el gobierno de Javier Milei intenta eliminar- y del Banco Agrario. Tras la presidencia de Marcelo T. de Alvear, Yrigoyen volvió a toparse con un imprudente proceso de endeudamiento al que se sumaron la crisis capitalista del 29 y la presión de las grandes petroleras, la angloholandesa Royal Dutch-Shell y la estadounidense Standard Oil. Estas compañías estuvieron detrás del golpe militar de 1930 encabezado por el general José Félix Uriburu, que inauguró la llamada “Década infame”. Durante ésta se creó el Banco Central como organismo autónomo, supuestamente al margen de los vaivenes políticos que podían afectar la marcha económica del país. En realidad, el BC, cuyo directorio estaba representado nominalmente en un 50% por el Estado argentino y el otro 50% por bancos extranjeros, había sido ideado y organizado por la banca europea encabezada por el Banco de Inglaterra, para tener un mayor control de las finanzas argentinas.

Consecuentemente, la deuda externa y la dependencia económica del país de las grandes potencias y acreedores privados extranjeros no dejaron de crecer paulatinamente. Su primer gran salto cualitativo se dio durante la dictadura cívico-religiosa-militar (1976-1983), pretensiosamente autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”[iv], que escaló exponencialmente la entrega de las riquezas nacionales de la que se beneficiaron unas pocas familias de la oligarquía doméstica, especialmente con la estatización de la deuda privada promovida por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. La deuda externa argentina aumentó astronómicamente y consolidó la tradición iniciada en 1824 al destinarse sus montos al enriquecimiento de grupos allegados al poder, la evasión fiscal y la fuga de capitales.

Tras la Dictadura, los fondos buitres, la banca privada internacional y las instituciones internacionales de crédito (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional[v]) aumentaron la presión y el endeudamiento externo dando lugar a gobiernos democráticos débiles y comprometidos con políticas económicas neoliberales, cuyos principales objetivos eran y son reducir el Estado a señorío feudal proveedor de materias primas dependiente de los centros de poder del orden capitalista.

No es casualidad que los ministros de economía de los gobiernos democráticos hayan pertenecido a equipos vinculados a la banca privada internacional o al FMI y que operaran sin anestesia en la economía argentina dejando, tras una fugaz e ilusoria primavera de “plata dulce”, en tiempos del menemismo, a millones de trabajadores en la calle, ahorristas y cuentas particulares saqueados durante el histórico “corralito” de 2001. y al país en quiebra.

La situación a la que se había llegado era consecuencia del creciente endeudamiento originado por créditos de refinanciamiento con altísimas tasas de interés que reflejaban la desconfianza por la estabilidad cambiaria y su utilización para el pago de intereses y la especulación cambiaria. Muchos de los llamados “créditos puente” concertados, que también se empleaban para atender los vencimientos de la deuda e intereses estaban condicionados a programas de ajuste o a la firma de acuerdos de refinanciamiento con acreedores privados, cuyas condiciones eran leoninas, y estaban viciados de ilegitimidad al carecer de la correspondiente autorización legislativa y del cumplimiento de otras exigencias legales.

Tras un período de fuertes turbulencias políticas, los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa, Cristina Fernández, trataron de ordenar las cuentas. El primero se desembarazó de la tutela del FMI, pero no así de la de los acreedores privados, especialmente la de los llamados fondos buitres, contra los cuales abrió un cuadro de litigios respaldado políticamente por la ONU. A pesar de estas tensiones, se presentó para el país un nuevo escenario social caracterizado por políticas basadas en una distribución algo más equitativa de la renta y en la dotación de mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Sin embargo, graves errores en la conducta política crearon un fuerte malestar en algunos sectores de la sociedad, que los grupos de poder afectados por las nuevas orientaciones económicas aprovecharon para generar, a través de los poderosos medios de comunicación, un creciente desprestigio de los kirchneristas focalizado especialmente en la controvertida figura de Cristina Fernández, ya viuda de Néstor Kirchner, que fue denostada con inusitada ferocidad. Tal situación abrió las puertas al gobierno de Mauricio Macri, perteneciente a una de las familias favorecidas con la estatización de la deuda durante la Dictadura y devoto del neoliberalismo, quien orientó la economía hacia la especulación financiera en detrimento de la producción. “El endeudamiento externo y la fuga de capitales en la Argentina constituyen aspectos de un mismo proceso. Ambos se generan a partir de la consolidación de un fenómeno que los precede e impulsa desde de la interrupción del patrón de industrialización sustitutiva que estuvo vigente hasta mediados de la década de los años setenta”, afirma Eduardo Basualdo[vi].

Durante el gobierno de Mauricio Macri, según datos del INDEC, la deuda externa argentina experimentó un incremento del 76%, incluyéndose en este porcentaje los 50.000 millones de dólares solicitados al FMI y que constituyeron el mayor crédito de la historia concedido por el organismo multilateral contraviniendo su carta orgánica. Asimismo, el fin del cepo cambiario ordenado por el Gobierno generó la devaluación del peso y un fuerte proceso inflacionario que supuso un aumento de la deuda pública de las Provincias en 40.000 millones de dólares. Otro factor determinante para el portentoso incremento de la deuda pública argentina fue la derogación de la Ley Cerrojo y Pago Soberano, que dejó el camino expedito para el pago a los fondos buitres de 9.300 millones de dólares, que representaban un 1.180% más del capital prestado, a los que se sumaron los honorarios demandados por los estudios jurídicos de los acreedores. “Este fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional”, declaró en su momento el fiscal Federico Delgado. Según el “Financial Time”, diario económico de tendencia neoliberal, Argentina fue el país que mayor deuda contrajo en el mundo desde 1996.

Durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, la deuda exterior argentina pasó de 68.580 millones de dólares en 2015 a 167.514 millones de dólares en 2019, incremento que representa un 168% del PIB. Las irregularidades que se produjeron en la contratación del crédito al FMI dieron pie a una investigación judicial caratulada «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública», que duerme el sueño de los justos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 5.

Ya en abril de 1982, el historiador Alejandro Olmos había presentado una querella contra Martínez de Hoz, ministro de economía de la Dictadura, y otros funcionarios por el incremento desmesurado de la deuda exterior, que había pasado de 7.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de dólares, sin que se supiese en qué se invirtieron. Dieciocho años después, el juez Ballesteros dictó sentencia reconociendo más de cuatrocientas irregularidades de una deuda externa “groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”. No obstante, los responsables de esta deuda “fraudulenta e ilegítima” quedaron impunes por la prescripción del delito.

Lejos de ir contra la ilegitimidad de la deuda contraída y suspender la efectivización de su devolución hasta tanto hubiera una resolución judicial, el gobierno de Alberto Fernández sólo renunció a recibir lo que el FMI aún no había abonado y se aplicó en negociar la refinanciación del crédito y a postergar los pagos. El acceso al poder del libertario Javier Milei, con el mismo equipo económico del macrismo, heredero de los ideales económicos de la Dictadura y del menemismo, no han hecho sino incrementar escandalosamente la deuda externa, tanto estatal como privada, para financiar la fuga de capitales al tiempo que ha emprendido un acelerado proceso de privatización de empresas públicas y la entrega de los recursos naturales a corporaciones multinacionales sin contraprestaciones de valía para el país y su población. Durante el primer año de gobierno libertario, la deuda exterior argentino creció 41.000 millones de dólares, sin que ello haya supuesto ningún tipo de mejora en la vida de los ciudadanos ni se haya invertido en obra pública alguna.

El hijo del historiador Alejandro Olmos, el también historiador Alejandro Olmos Gaona[vii], ha continuado investigando la naturaleza fraudulenta de la deuda exterior como una de las principales causas del estado de dependencia y falta de soberanía que limitan su desarrollo de Argentina y el bienestar de los ciudadanos. “Las deudas hay que pagarlas -declaró-, las estafas, no[viii]”. En este caso se trata de una estafa que empezó a fraguarse con las guerras de emancipación bajo la bandera de una falsa libertad[ix] que, contrastada con la realidad social, explica la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones del estado. Una desconfianza alienante que ha acabado desvirtuando el voto y legitimando con él la planificación de la pobreza y el saqueo y entrega del país, a modo de auténtico territorio de libre mercado, cuyo único valor es el beneficio económico de las oligarquías capitalistas en detrimento del bienestar de los ciudadanos.

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[i] Este trabajo está basado principalmente en las investigaciones del historiador Alejandro Olmos Gaona y del doctor Mario Cafiero, además de otras importantes aportaciones, que tienden a probar la histórica ilegitimidad de la deuda externa argentina y sus graves consecuencias para la población.

[ii] Tello, Antonio. Historia breve de Argentina. Claves de una impotencia, Sílex Ediciones, Madrid, 2007.

[iii] George Canning (1770-1827). Político inglés. Fue ministro de asuntos exteriores de Gran Bretaña.

[iv] La voz Proceso sería utilizada durante y después de ese trágico momento histórico como eufemismo de Dictadura.

[v] Argentina no se integró en el directorio del FMI hasta 1956, tras el derrocamiento del presidente Juan D. Perón. Su presidencia representó el único momento histórico en que Argentina fue un país acreedor, aunque nunca llegó a cobrar la deuda.

[vi] Eduardo Basualdo (1945-2024) La fuga de capitales.

[vii] El FMI y la Deuda. Estructura de la dominación. En colaboración con Fernanda Vallejos (2022)

[viii] https://lavaca.org/notas/entrevista-con-alejandro-olmos-gaona/

[ix] ¿De qué libertad hablan?, Antonio Tello, Audio-libro de la UNRC https://cultura.riocuarto.gov.ar/corredor-mediterraneo/